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Algunas reflexiones sobre la nueva ley
de Educación
Presentamos las respuestas
elaboradas por los docentes de ésta casa con respecto a algunas
de las 20 preguntas para orientar la discusión sobre la nueva
ley de Educación formuladas por el Ministerio de Educación
Ciencia y Tecnología de la Nación.
1) ¿Cuáles son los principales
desafíos de la educación argentina para el siglo XXI? ¿Cuáles
deberían ser los ejes del modelo de nación para tener en cuenta a
fin de elaborar la nueva Ley de Educación? ¿Cómo puede la educación
favorecer la igualdad de posibilidades de todos los ciudadanos?
¿Cómo se puede recuperar la responsabilidad principal del Estado
como garante de una educación pública de calidad para todos? ¿Cómo
proteger el carácter público del conocimiento?
Para responder a los desafíos de
la educación del siglo XXI, debemos comenzar por el principio. Por
tanto habrá que explicitar la postura antropológica que superando
todo reduccionismo, permita obtener una adecuada concepción de
educación, de sus principios, fines y alcances.
Son necesarias ideas claras sobre
la entidad del sujeto de la educación en estas épocas de confusiones
e incertidumbres.
Es preciso entender que el hombre
es persona, es decir, una única realidad de materia y espíritu, que
presenta diferentes dimensiones -biológica, psicológica, social,
política, económica, cultural, ética y religiosa- todas las cuales
deberán ser integralmente contempladas en su formación, para lograr
una educación de calidad.
En consecuencia, la educación del
siglo XXI debe superar la mezquina meta del materialismo neoliberal
que la reduce a adiestramiento laboral o a formación del
productor-consumidor funcional al mercado. Por el contrario, deberá
formar personas que como tales y a través del ejercicio reflexivo
libre y democrático de sus capacidades, elaboren su propio proyecto
de vida sustentado en valores y abierto a una visión universal y
trascendente de la realidad desde su pertenencia a la cultura
nacional y la conciencia de su responsabilidad social.
Inescindible de esta visión de la
persona es la consideración de la familia como agente natural y
primario de la educación, ya que sólo a través de ella como
comunidad primigenia de la ecología humana, es posible su desarrollo
pleno.
Sentado esto, y en la misma línea
de pensamiento, aparece la nación, como comunidad de cultura
constituida por un estilo de vida fundado en valores compartidos.
Por ello, la educación del siglo XXI, deberá apuntar a construir un
modelo de nación fundado en los siguientes ejes:
-
Respeto por la persona y
sus derechos, como sujeto, fundamento y fin de la vida social.
-
Desarrollo-y no mero
crecimiento económico- como paso de condiciones de vida menos
humana a condiciones de vida más humana.
-
Justicia social,
solidaridad, interculturalidad, libertad y democracia como
condiciones de la convivencia social.
-
Conciencia nacional y de
pertenencia latinoamericana como modos de integración y relación
en el mundo globalizado.
-
Visión trascendente de
la vida y de la historia.
Otro aspecto que desafía a la
educación de este siglo es la democracia misma.
Si la forma de convivencia que
pretendemos es la democrática, será necesario educar bajo sus
parámetros. Para ello la libertad de enseñar y aprender, la libertad
de conciencia y el pluralismo escolar son pilares insustituibles
cuya real vigencia deberá asegurar el Estado. Para hacerlo será
necesario asignar los recursos pertinentes tanto institucionales
como económicos.
El Estado aparece así como garante
de la educación pública de calidad para todos, porque como gestor
del Bien Común deberá sostener las escuelas públicas, tanto de
gestión oficial como privada para que sea una realidad palpable el
pluralismo educativo al poner al alcance de todos la posibilidad y
oportunidad de elegir el tipo de educación que quiere para sí o para
sus hijos.
Otra obligación estatal en esta
materia es atender las carencias individuales de tipo económico y
social, a través de planes y programas, becas y subsidios, que
fundados en equidad permitan la compensación de las diferencias y la
superación de los obstáculos al ingreso, permanencia y egreso
exitoso del sistema educativo para todos.
Si se logra que todos y cada uno
puedan alcanzar la capacitación requerida actualmente, se estará
ante la mejor forma de proteger el carácter público del
conocimiento, porque cada uno podrá aplicar sus potencialidades para
acceder al mismo por sí.
Justo es expresar que estos
grandes lineamientos, basados en una concepción personalista del
hombre, están presentes en la vigente Ley Federal de Educación, la
cual por tanto debería ser previa y seriamente evaluada en sus
fortalezas y debilidades para determinar si es necesario derogarla o
sólo modificarla en los aspectos que no hayan funcionado.
En el primer caso será
imprescindible mantener la base antropológica referida.
¿Educación Inicial Obligatoria?
La educación inicial no deberá ser
obligatoria antes de los cuatro años. Podría considerare la
extensión de la obligatoriedad que actualmente es desde los cinco
años a los cuatro, pero no antes de esa edad en la que la función de
la familia es primordial e irreemplazable.
La obligatoriedad en esta etapa
implicaría un avance totalitario por sobre el derecho de padres y
niños. Recordemos que la Convención sobre los Derechos del Niño en
su art. 5 establece que los “Estados Parte respetarán las
responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres... en
consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y
orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos
reconocidos en la presente convención “.
El art. 7 establece el derecho
desde que el niño nace, a conocer a sus padres y ser cuidado por
ellos.
El art. 8 consagra el derecho del
niño a preservar su identidad, incluidas las relaciones familiares
de conformidad con la ley sin injerencias tácitas.
Por su parte el art. 9 explicita
el deber de los Estados Parte de asegurar que el niño no sea
separado de sus padres contra la voluntad de éstos.
Es cierto que muchas familias por
razones sociales, económicas y culturales no están en condiciones de
desempeñar adecuadamente su función, o necesitan servicios como
guarderías o jardines maternales que atiendan a sus hijos mientras
los padres trabajan.
Para los casos mencionados en
primer lugar, será necesario implementar planes y programas que
compensen las carencias de los padres que no les permiten desempeñar
adecuadamente su función.
Para los casos mencionados en
segundo lugar, sólo para ellos y por elección de los padres, deberá
asegurarse la posibilidad de acceso a servicios idóneos que de los
cero a los cuatro años suplan el tiempo de ausencia de los padres.
En lo relativo a estos supuestos
así como en lo que hace a la implementación de las salas de cuatro y
cinco años deberá darse especial espacio a la iniciativa privada de
los mismos padres y organizaciones de la sociedad civil, para que
con el apoyo del Estado puedan contribuir en función de su rol de
agentes educativos a universalizar el acceso a estos servicios.
18) ¿Habría que crear un
consejo técnico-académico independiente para garantizar la
confiabilidad del sistema nacional de evaluación de la calidad de la
educación? ¿Debemos ampliar las dimensiones a ser evaluadas tales
como los procesos de enseñanza o dimensiones no cognitivas del
aprendizaje? ¿Qué difusión y utilidad deberían tener estas
evaluaciones?
Es probable que la creación de un
consejo técnico-académico independiente, conformado por
especialistas idóneos, tanto internos como externos al sistema,
brinden mayor garantía de confiabilidad en el proceso de evaluación
de la calidad de la educación.
Destacamos como eje central de
todo proceso evaluador que “éste debe ser entendido ante todo como
una estrategia a través de la que cabe incidir en el desarrollo de
las instituciones” (DE MIGUEL y OTROS, Evaluación para la calidad de
los Institutos de educación secundaria, Madrid, Ed. Escuela
Española, 1994, pag.50).
Es decir, los resultados de la
evaluación deberán constituirse en el punto de referencia
prioritario para introducir en las instituciones procesos de mejora.
Durante el proceso evaluador se examina la realidad de las
Instituciones en relación con los diferentes indicadores
(situaciones deseadas) para establecer la distancia entre éstos y la
realidad. Esto permite indicar el camino que debe recorrerse para
alcanzar el logro de los indicadores de calidad. (CASANOVA, M.A.,
Manual de Evaluación Educativa, Ed. La Muralla, 1999).
En el marco de las decisiones
políticas y administrativas deberán actuar conjuntamente los
criterios instrumentales (eficacia, eficiencia, productividad) y los
criterios sustantivos (pertinencia – PCI (específico), relevancia
(según contexto), efectividad), pero priorizando los segundos, ya
que están centrados en lo específico del sistema educativo: à
asegurar aprendizajes y equivalencia de resultados en alumnos de
diversos orígenes socieconómicos y culturales.
Los acuerdos de implementación de
la Ley Federal deben responder a una política de Estado que no
dependa - en lo esencial - de las decisiones concretas de las
administraciones de turno. Es necesario recordar que los objetivos
educativos sólo pueden alcanzarse en el largo plazo que excede las
gestiones gubernamentales periódicas.
Es necesario discutir y acordar la
relación de las políticas de evaluación con los actores internos del
sistema educativo. De ampliar las dimensiones a ser evaluadas, de lo
no cognitivo, habría que evaluar, primero, cuál es el estado de las
disciplinas aludidas, sobre todo en lo relacionado a la preparación
específica requerida a los docentes (en lo conceptual y en lo
metodológico, fundamentalmente).
“Hace falta la segunda generación
de reformas con eje en la micro política, que centre el esfuerzo en
la comunidad educativa para poder resolver los problemas pendientes:
los diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos, los problemas
concretos de comprensión lectora, el significado del vitae en la
práctica, el estilo de gestión que requiere hoy la escuela; los
grados de autonomía deseables, posibles y razonables en la
institución y en el aula, cuáles son las demandas de la capacitación
de los docentes y cuál es su relación con la calidad de los
aprendizajes de los alumnos” (Nieto de García, Ana María, A diez
años de la Ley Federal de Educación, CONSUDEC N° 976), etcétera.
A partir de la definición de
indicadores de calidad, del buen funcionamiento de las Instituciones
educativas en relación a los lineamientos de política educativa, las
demandas de la sociedad y las características contextuales, y la
determinación de la realidad devenida del análisis de los datos y la
síntesis de los resultados de la evaluación, se establecen las
distancias entre indicadores y realidad y ofrece la posibilidad de
dar recomendaciones claras y precisas de mejora.
Para esto es necesario que los
miembros del consejo técnico académico garanticen credibilidad,
transparencia, confiabilidad, objetivos institucionales en que se
desarrollan los procesos. Debe ser una “estrategia de intervención
para el mejoramiento”, con indicadores que, teniendo en cuenta las
circunstancias locales, puedan compararse en el nivel nacional e
internacional.
No debemos olvidar que la mejora
de la calidad educativa es el único sentido que la evaluación tiene.
Hasta ahora esto no se ha tenido en cuenta.
19) ¿Qué nuevos mecanismos de
participación de los docentes en los diferentes niveles de la
gestión educativa debe promover la futura Ley?
Promover en los docentes la
participación responsable y articulada con los otros miembros de las
comunidades educativas, cada uno desde la función que le compete
para lograr un proceso educativo integrado
Paralelamente a la participación
en los diferentes niveles de gestión educativa, habrá que
jerarquizar integralmente al docente, y sincerar las causas del
creciente detrimento de su rol. Subsanar las falencias que presentan
los procesos de formación docente y las múltiples funciones que
deben asumir en las instituciones educativas más allá de la tarea
específica de educar.
Como mecanismos de participación
de los docentes en los distintos niveles de la gestión educativa
poponemos:
1. En el aula:
Constitución de equipos de trabajo
que permita llevar adelante la elaboración y concreción de proyectos
específicos.
-
Nuevas dinámicas en la
relación escuela / familias
-
Apertura hacia la
comunidad
-
Participación en la toma
de decisiones de gestión y operativas. (con tiempos y espacios
definidos.
2. En la Conducción (Equipo
de Conducción)
-
Como gestores y
coordinadores de la formación permanente de los docentes.
-
Trabajo en equipo.
-
Delegación de tareas.
-
Toma de decisiones:
estratégicas, de gestión y operativas.
-
Implicación en la
comunidad desde las relaciones intra e interinstitucionales.
3. En la Supervisión escolar
Recuperación del rol específico
del Supervisor: nexo entre el Ministerio y las Instituciones
educativas en todas las dimensiones de la gestión pero,
fundamentalmente, en lo pedagógico – didáctico, como en la unidad de
criterios y en la coherencia en la toma de decisiones del nivel de
la Supervisión. Capacitación también para ellos.
Sólo se conseguirá una educación
de calidad si se mejoran las calidades de la formación inicial y
continua de los docentes; se mejoran las condiciones de trabajo y
puedan desempeñarse en una carrera que permita su desarrollo
profesional.
20) ¿Qué nuevos mecanismos de
participación de la ciudadanía debe promover la futura Ley?
Si afirmamos que la educación es
asunto público es imprescindible dar cabida a la participación de
toda la sociedad. Para ello será necesario generar espacios y
momentos adecuadamente organizados.
“Ante todo habrá de generar un
real modo de trabajo integrado de todas las provincias, porque no se
trata de una Confederación de Estados independientes sino de una
República Federal.” (Prof. Julio César Labaké). Es importante
destacar ese importante espacio que es el Consejo Federal de
Educación, el que debe funcionar como órgano de concertación, de
articulación, de acuerdos y de evaluación.
Ya que la educación es “asunto
público”, deberán establecerse estrategias donde, además participen:
-
Iglesia Católica y
congregaciones y demás cultos reconocidos.
-
Habrá que fomentar la
participación sobre todo de los padres, pues la familia es el
agente natural y primario de la educación,
-
organizaciones del mundo del
trabajo: empresarios, sindicatos, otras organizaciones no
gubernamentales, etc.,
-
consejos consultivos para la
actualización currricular, y consejos técnicos para la
evaluación del sistema educativo,
-
sectores gremiales docentes y
no docentes.
Por ello es preciso definir y
habilitar tiempos y espacios, criterios y mecanismos concretos, para
que la participación en la formulación, discusión y ejecución de las
políticas y programas educativos sean un dispositivo regular, desde
la escuela hasta las instancias ministeriales e intergubernamentales
en las que se define y decide la educación.
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